SEGEGO ataca ahora a San Jacinto.

Segego ataca ahora San Jacinto: Cuauhtémoc Blas 2014/09/12  De Redacción ADN 0 Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. A mediados de abril del año pasado se dio la muy anunciada renuncia del contador Jesús Martínez Álvarez a la importante Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego). Fue el sábado 13 de abril cuando decidió emitir su renuncia después de una accidentada estancia en el actual gobierno. Como también ya estaba anunciado —merced a los acuerdos, apoyos de grupos económicos y políticos—  asumió ese cargo el prominenvictor amadote priista Alfonso Gómez-Sandoval Hernández. Con él llegaron cambios definitivos para el gobierno del “cambio” (léase como sinónimo de morralla). Empero, no fueron cambios para bien, ni siquiera para que el aislamiento y bloqueo en que tenían al anterior titular de Segego terminara. Aún ahora el siniestro Juan Arturo López Ramos continúa como factótum del habilitado informalmente coordinador del gabinete actual, sobre todo en cuanto a los negocios con el erario se refiere, Jorge Castillo.  Los cambios son muy buenos cuando son para mejorar, de otra manera no se entiende. Pues con Gómez Sandoval se echó a la basura una adecuada política de respeto a la institución municipal y su artículo 115 constitucional; la intervención arbitraria y descuidada en las municipalidades llegó a extremos grotescos. Con la señora de múltiples partidos políticos Irma Piñeyro, primera secretaria general de este gobierno, inició una política de respeto a la institución municipal al no negociar con los grupos en pugna la ampliación del número de regidurías. Política que continuó con Martínez Álvarez. Se negociaban direcciones u otros cargos municipales menores, pero no regidurías. Lo anterior era sostenido con la fuerza de la legalidad de las reformas de 2012. Aún con cierto ánimo de transformación, se estableció en el Código Electoral de la entidad el número de regidores que por ley corresponde a los municipios, con base en su población. Se atajaba así situaciones insostenibles del pasado, donde, como en el caso de Pinotepa o Puchutla, hasta se duplicó el número de regidores que legalmente les correspondía. Con Gómez Sandoval volvió ese pasado, y recargado. Las regidurías se negocian a todas luces fuera de la legalidad. En Salina Cruz le regalaron siete regidurías al PANAL, quizá por su sumisión al aceptar que su candidato triunfador Mariano Vicente fuera reducido a la derrota en tribunales en beneficio de la abanderada del PRI Rosa Nidia Villalobos, correligionaria de Gómez Sandoval. En la Villa de Mitla alguien que ni siquiera contendió en el proceso electoral fue nombrado síndico a instancias del PRD. En Tlacolula los jefes de la tribu FALT quisieron quitar de su cargo de síndica a Elizabeth Sánchez para dárselo a uno de los suyos quien ni siquiera alcanzaba cargo en el cabildo al estar en la quinta posición de su planilla. En fin, larga es la relación de despropósitos de la nueva (¿) administración de la Segego. Esta mala actuación también ha cubierto de sangre a municipios indígenas, señaladamente San Juan Cotzocón, donde recientemente el pésimo manejo de los conflictos poselectorales y nula coordinación con las dependencias policíacas produjo nueve muertos. Ello después de tolerar largamente que el perdedor de las elecciones de usos y costumbres ahí, Gorgonio Tomás Mateos, vinculado al PRI (casualmente) se apoderara con hombres armados del palacio municipal e instaurara un régimen de terror en la población. Son muchas las pifias. Toca ahora al municipio conurbado a Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas, sufrir las evidentes deficiencias de la Segego. Van nueve meses ahí de ingobernabilidad. Si bien es un problema interno de cabildo donde la mayoría de regidores son contrarios al presidente municipal, en vez de buscar una solución la Segego —en voz de su subsecretario Moreno Alcántara— dicta que los recursos municipales seguirán entregándose a los cuatro regidores que son mayoría, y en tanto continúe su curso la controversia constitucional interpuesta por el presidente Víctor Amado ante la Suprema Corte de Justicia. ¿De dónde saca este funcionario panista esa disposición? Al no haber legalmente tesorero y secretario municipal de San Jacinto, ni nombrados en sesión de cabildo ni ratificados por el Congreso local ¿Con qué asideros legales autoriza la Segego la entrega del erario a quienes designaron los cuatro regidores? En los hechos y violentando el Estado de derecho la Segego está autorizando la entrega del erario a particulares. Tuvo que intervenir Flavio Sosa Villavicencio, ícono del movimiento de 2006 contra la dictadura del famoso “tirano” Ulises Ruiz y figura notable de la alianza que llevó a Gabino Cué al poder, quien junto con el edil mencionado se declaró en huelga de hambre para que el señor secretario general de gobierno Alfonso Gómez se dignara a recibir al presidente municipal de San Jacinto y aceptara buscar una solución al conflicto. Por cierto, el primero fue electo en las urnas, el segundo sólo nombrado en el cargo. Son ya muchas veces que se anuncian soluciones, ojalá no sea una más, sobre todo porque ahora la población de San Jacinto lleva 22 días sin servicios municipales, comprando pipas de agua de 500 pesos, con el problema de la basura y sus focos de infección, sin vigilancia policíaca. De nuevo la sociedad como rehén de políticos y funcionarios insensibles. Población que, está visto, poco les importa.

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