Mario Rafael Impulsa acceso a financiamiento para autosuficiencia alimentaria

Martes, 12 Noviembre 2013

 

 

El DIPUTADO MARIO RAFAEL MÉNDEZ MARTÍNEZ PARA HABLAA FAVOR DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO Y A LAS DEPENDENCIAS RESPECTIVAS, CONSIDEREN LA OPINIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN

 

 

 

El Diputado Federal Rafael Mendez Martínez desnuda el panorama económico y financiero de los medianos y pequeños productores de México y solicita que se cambien los mecanismo de acceso al dinero para poder producir y  asi, garantizar la autosuficiencia alimentaria en nuestro país.Esta es su exposición del 12 de noviembre:

“Con su venia Señora presidenta, diputadas y diputados ; En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se asignan las sumas destinadas a los programas relacionados con el desarrollo social y que son financiados mediante subsidios y transferencias.

 

De acuerdo con el decreto deben ser operados bajo normas adecuadas en cada programa, conocidas como reglas de operación.

Además, el decreto enlista los programas que están sometidos a tales reglas, con el objeto de asegurar la aplicación oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos.

Estas normas en los hechos han resultado ser unas de las causantes de los subejercicios en el gasto público. Pareciera que están diseñadas para que en los programas sociales federales no se cumplan sus lineamientos. El exceso de requerimientos y sus limitados tiempos inhiben a la población objetivo de allegarse de los beneficios que ofrecen estos programas, por lo que resulta de gran relevancia que se dé una solución a esta problemática.

 

Los programas sociales que opera el gobierno federal de manera directa o a través de convenios de coordinación con estados y municipios están sujetos a reglas de operación. Es necesario establecer los mecanismos que flexibilicen dichas reglas para lograr los niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de los objetivos que los justifican. Como sabemos, estas reglas señalan quién o quiénes son sujetos a recibir los apoyos de estos programas, sus alcances en cobertura, calidad y cantidad, así como los requisitos para acceder a ellos.

 

Dichos programas y sus reglas de operación, tal y como han sido instrumentados en los últimos años, han propiciado que el desarrollo en la producción de alimentos y la generación de empleos e ingresos sean en detrimento de los productores y sus familias, dado lo burocrático y poco transparente en el manejo de los instrumentos y sus reglas, lo que ha propiciado mayor desigualdad y pobreza. Asimismo, han favorecido la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Las reglas de operación se han acompañado de un patrón de crecimiento que se expresa muy polarizado entre sectores exitosos y sectores marginados.

De acuerdo a la investigación, el 20 por ciento de los productores más grandes concentran el 80 por ciento del total de estos recursos y el 80 por ciento, pequeños y medianos productores, solo alcanzan el 20 por ciento de los subsidios.

Desde otra óptica, las reglas de operación pueden minimizar estos sesgos en la medida en que sean claras, transparentes y faciliten dar respuesta a las necesidades nacionales en la producción de alimentos. Es fundamental en un pacto social y económico. Esto implica tener presentes las grandes necesidades del medio rural y de sus hombres y sus mujeres. Ello contribuiría también al compromiso del Ejecutivo federal  en uno de sus ejes estratégicos que tienen que ver con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Favorecería a reducir la alarmante dependencia alimentaria, la pobreza. Generaría empleos e ingresos dignos a las familias del campo.

Necesitamos una visión integral de los problemas y una revisión de las estrategias y sus instrumentos.

Por lo menos en la última década los actores rurales han tenido experiencias que los han enseñado una y otra vez que no se puede avanzar sólo con la buena voluntad de los funcionarios y de los actores rurales. Lo que se requiere ahora es una normatividad que busque mejoras para el medio rural, es llevar al marco jurídico los acuerdos en torno a las reglas y en un primer paso real y legítimo para ello es necesario cambiar la ley.

Esto implica que las observaciones, opiniones y propuestas de beneficiarios sobre reglas de operación lleguen a las comisiones de la Cámara de Diputados, se ajusten a los intereses nacionales, que puedan ser incluidas y analizadas en un ambiente democrático que contribuya a la toma de decisiones. –Termino, presidenta.

Es conocido que una vez aprobado el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable es el Ejecutivo federal quien tiene la facultad de diseñar las reglas de operación, metodologías, procedimientos y convocatorias, lo que elimina la participación real del Legislativo en la construcción y operación de los instrumentos, además excluye la participación de los beneficiarios de herramientas que deberían perfeccionarse en condiciones de equidad y democracia.

Es sobre esta base que se podrían elaborar las reglas de operación desde una perspectiva diferente, que facilite el acceso a los recursos a todos los individuos, organizaciones campesinas y de productores, a través de criterios y procedimientos que simplifiquen su operación, eviten los subejercicios del presupuesto, entre otros.

 

Asimismo, evitar que no reduzcan los montos presupuestales asignados al sector rural y se haga una entrega oportuna y transparente de los recursos autorizados, que se respeten los calendarios aprobados en el Programa Especial Concurrente, que no haya subejercicios ni recortes, como ha venido sucediendo por una u otra razón. De igual manera, que los recursos públicos sean entregados con criterios institucionales sin vinculación con las dinámicas y preferencias partidistas de los servidores públicos, que sean estos federales, estatales o municipales.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso con el campo mexicano, por lo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la Cámara de Diputados sea consultada por las dependencias responsables para construir las reglas de operación a las que se sujetarán los programas y fondos federales que considere esta propuesta, que presenten los gobiernos de los estados, los grupos sociales, organizaciones campesinas, pueblos y comunidades indígenas, particularmente las que presente la Cámara de Diputados.

Estas modificaciones representarían un avance que permitirá garantizar los derechos de las comunidades indígenas y el de los pequeños y medianos productores, organizaciones campesinas, el cual es un derecho inaplazable que ya no podemos eludir. Es todo, señora presidenta y copmpañeros diputados . Gracias.mario rafa